La autopía de la separación de poderes

La separación de poderes es una cuestión que suscita interés en nuestra sociedad cada día, no solo porque es uno de los principios básicos de un Estado de Derecho, sino que es un valor necesario en la sociedad para que los distintos poderes no abusen de su potestad.

Con la aparición del liberalismo clásico, primero en Inglaterra y que después se extendió por todo occidente, nace la idea de separación de poderes. John Locke fue el primero en teorizar sobre la separación de poderes en el Segundo Tratado sobre el gobierno civil (1690). Sin embargo, dicha cuestión fue materializada por el filósofo francés, Montesquieu, en el Tratado Del Espíritu de las Leyes (1748), quién identificó los tres poderes del Estado que actualmente conocemos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Montesquieu entendía que, “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Con esto, el filósofo estableció la base de la separación de poderes, puesto que, si un poder vigila, controla y detiene a otro poder, se impide que un poder predomine sobre los otros.

Sentada la base de la separación de poderes, cabe hacernos una pregunta: ¿existe la separación de poderes en su plenitud?

Es una cuestión compleja de responder, puesto que en los Estados modernos se presume la separación de poderes como un valor intrínseco dentro de una nación, necesario para que los distintos poderes no abusen de sus potestades y tengan un control los unos sobre los otros. Teóricamente parece que este principio político es real y efectivo, pero, sin embargo, en la práctica, está lejos de la realidad.

Cada día en los medios de comunicación salen políticos, juristas, sociólogos, entre otros, cuestionando la separación de poderes, y es lógico, pues si observamos los distintos poderes, se ve con claridad que no existe realmente una separación de poderes, un ejemplo de ello, es el poder judicial que está politizado en tanto y cuanto su órgano de gobierno (CGPJ) es elegido por las Cortes Generales, y el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. 

Así pues, cabe traer a colación un Tuit de Joaquim Bosch (Magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia), cuyo tenor literal es el siguiente: “El poder político nombra a la cúpula judicial a su conveniencia. Y después ese consejo de la judicatura actúa en la misma línea de esos intereses partidistas. Todo con gran espanto del Consejo de Europa. ¿Cómo llamamos a eso? Yo no lo llamaría verdadera separación de poderes”.

En definitiva, y para no explayarme más, parece que es una utopía la separación de poderes, no porque no pueda ser posible, sino porque no hay voluntad política de cambiar esta cuestión que genera tanto rechazo en la sociedad. Necesitamos legislar una nueva regulación para el poder judicial con el fin de garantizar la separación de poderes; no puede seguir politizado, de lo contrario, el poder judicial acomodara su actividad en interés de los partidos políticos de turno. Solo así, reformando o regulando una nueva legislación para el poder judicial, alcanzaremos que la separación de poderes no sea una utopía, sino una realidad.

En suma, solo alcanzaremos la separación de poderes entre el poder político y el judicial, si dotamos a este último poder de autonomía e independencia de aquel otro poder; como por ejemplo, dejar que el poder judicial, entre ellos, elijan libremente a su Consejo General del Poder Judicial a través de unas votaciones internas, y que el Fiscal General del Estado fuere propuesto por el CGPJ y votado en su ceno, dejando así, al poder político fuera de esta potestad.